Un juez federal en EEUU bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Esta medida, firmada por Trump el día de su investidura, estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero y podría haber afectado a cientos de miles de personas nacidas en el país.
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La decisión del juez John C. Coughenour se produjo en respuesta a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentan que la Enmienda 14 y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado este derecho.
La orden ejecutiva de Trump afirmaba que los hijos de no estadounidenses no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordenaba a las agencias federales no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.
Esta medida ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos de los migrantes y varios estados. De hecho, en varias entidades han presentado demandas argumentando que la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
El caso es uno de los cinco juicios iniciados por 22 estados y varios grupos defensores de los migrantes en todo el país.
Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento. También se nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos del país norteamericano.
Es por ello, que la decisión del juez Coughenour ha sido vista como una victoria temporal para estos grupos y estados.
La ciudadanía por derecho de nacimiento también es conocida como jus soli o «derecho del suelo». Se trata de un principio que se aplica en unos 30 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y México.
Este principio lo interpretaron de manera consistente los estados y la Corte Suprema durante más de un siglo. Sin dudas, la orden de Trump representaba un cambio significativo en esta política establecida.
