Un grupo de 31 expresidentes iberoamericanos introdujeron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un documento en el que señalan a Nicolás Maduro de representar una «república militar represora y practicante del terrorismo de Estado».
En el texto responsabilizaron a las Fuerzas Armadas «sujetas al mando directo de Nicolás Maduro, en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela, incluida la orden de detención contra Edmundo González Urrutia».
El texto se basa en el informe presentado por la CIDH que calificó los hechos posteriores al 28 de julio como «terrorismo de Estado».
«En ese contexto, los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutándose en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros, en calidad de militar activo y como comandante en Jefe», añadieron en la misiva.
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«Maduro Moros encabeza como oficial Comandante en Jefe y ordena sin mediación institucional las operaciones militares de represión sistemática al pueblo venezolano y a los líderes de las fuerzas democráticas cuya conducción ejerce María Corina Machado», indicaron.
31 exPres pedimos a @IntlCrimCourt aprehensión de Maduro, Cabello y militares del conglomerado criminal, en #Venezuela, que reprimen al pueblo, @EdmundoGU y @MariaCorinaYA.
Fiscal @KarimKhanQC: hora de investigar golpistas que persiguen desfachadamente a demócratas ganadores. pic.twitter.com/ocrzgftXZY
— Tuto Quiroga (@tutoquiroga) September 6, 2024
En este sentido, aseguraron que el líder del chavismo «ejecuta su política de Estado represora de forma inmediata por medio del Comando Estratégico Operacional y sus regiones y zonas militares de defensa integral, desplegadas sobre toda la geografía venezolana. Y de tal modo, ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano», prosiguen.
Por lo cual, solicitaron a la CPI que «junto a su función sancionatoria contra los miembros de la cadena militar responsable y en denuncias consignadas por varios Jefes de Estado y la misma Secretaría General de la OEA, despliegue con urgencia su igual función preventiva para detener la ola de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se ejecutan a través de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual».
